Resumen: Se absuelve al condenado en la instancia como patrón de la patera en la que viajaban inmigrantes ilegales. Insuficiencia del testimonio único incriminatorio de una de las personas que viajaban en la patera. Se rechaza el cuestionamiento del recurrente sobre la validez del testigo protegido como medio de prueba lícito, pero se acepta el cuestionamiento que hace de su fiabilidad como consecuencia de la indebida toma en consideración en la instancia de determinados datos como elementos objetivos corroboradores. El principio in dubio pro reo implica la existencia de actividad probatoria válida con signo incriminatorio, pero cuya consistencia ofrece resquicios que pueden ser decididos de forma favorable a la persona del acusado. Desde la perspectiva de la garantía constitucional de presunción de inocencia, no importa si el tribunal dudó o no, sino si debió dudar. Se rechaza el valor acreditativo que la sentencia de instancia da a los testimonios de los agentes cuando refieren que todos los ocupantes de la embarcación (que en ningún momento prestaron declaración) habrían identificado al acusado como el patrón de la misma. Reflexión crítica sobre la forma en que, con demasiada frecuencia en el ámbito de la persecución de la inmigración ilegal, se aligera el rigor y la exhaustividad en el tratamiento y puesta a disposición de la autoridad judicial del material con potencial acreditativo que permita una no menos exhaustiva y rigurosa instrucción y enjuiciamiento.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto por una aseguradora que cubre la atención a mutualistas (en este caso de MUFACE) frente a la liquidación de precio público por la atención médica prestada a un mutualista por Covid en dependencias de un servicio autonómico de salud. La Sala reitera la doctrina del Tribunal Supremo al respecto: por la asistencia sanitaria prestada la sanidad pública a un paciente afectado por la enfermedad denominada COVID-19 que es beneficiario de MUFACE, procede la liquidación de un precio público a fin de reclamar a la compañía aseguradora, que colabora por medio de concierto con la mencionada mutualidad, el gasto generado por la asistencia.
Resumen: Declaración de la víctima en la que no concurre ninguna causa ni motivo para referir unos hechos que no se atengan a la realidad de lo ocurrido. Delitos de agresión sexual para los que se busca un ámbito de intimidad ajeno a miradas de terceros, es lo que conlleva que frecuentemente la única prueba con la que se cuenta es con la declaración de la víctima. Penas a imponer por estos delitos que van más allá de la pena privativa de libertad y que se determinan con carácter imperativo en el art 192 del Código Penal y que amparan la imposición, no solo de la inhabilitación para cualquier profesión u oficio en los que se tenga contacto con menores, sino también el período necesario de libertad vigilada, aunque el contenido de la misma quede pospuesto a los momentos anteriores a la finalización de la pena de prisión. Responsabilidad civil por los daños morales ocasionados a las víctimas. Cuantificación de esos daños morales.
Resumen: El Juzgado de instancia estima en parte la demanda de una trabajadora frente a su empleadora y la Admón. Concursal y condena a las codemandadas a abonarle solidariamente una cantidad. La Sala analiza el recurso de suplicación de la trabajadora demandante que, en sede jurídica, denuncia la infracción del art. 59.1 ET. La Sala razona: a) parte de la doctrina del TS sobre la prescripción de acciones; b) que, en el caso, la demandante presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo en septiembre de 2019, levantándose por la misma acta de liquidación con fecha 19-10-2020, la demandante formuló papeleta de conciliación el 29-12-2020 contra OION, celebrándose acto de conciliación el 14-1-2021 y presentando demanda el 29-12-2021, habiendo la demandante estado en situación de ERTE COVID dese el 23-3-2020 al 30-3-2021; b) que, en consecuencia, está prescrito el periodo reclamado con anterioridad a la mensualidad de diciembre de 2019. Se desestima el recurso y se confirma la Sentencia de la instancia.
Resumen: El Juzgado de lo Penal condena a los dos acusados como autores de un delito de estafa de los artículos 248.1 y 249 CP, a la pena de un año de prisión. La representación procesal de los acusados interpone recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia, solicitando su libre absolución. La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y ratifica la valoración probatoria de la instancia, y la tipicidad de los hechos como constitutivos del delito objeto de condena, no se trata de un incumplimiento civil.
